Por: Tamara López Cruz
Licenciada en Planificación Ambiental y Urbana
Líder comunitaria Parcelas Ramón T. Colón, Trujillo Alto
En Puerto Rico existen muchas leyes para proteger los recursos naturales del País y a diario lo que el País clama es por una aplicación más estricta de éstas. Nuestra Constitución, en su Artículo VI, Sección 19 establece que ¨Será política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad...¨
Al igual que en muchos países, la preocupación en relación con los problemas ambientales que surge en los años setenta en Puerto Rico hace que se establezcan leyes protectoras del ambiente. Ejemplo de esto es la Ley Núm. 9 del 18 de junio de 1970 ¨Ley sobre política pública ambiental¨, según enmendada por la Ley Núm. 416 de 2004. Ésta fue creada ¨Para establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sobre la conservación del ambiente y de los recursos naturales...¨
En Puerto Rico, dada la relación con Estados Unidos aplica, además, toda la legislación federal. Por lo que para agosto de 1973 el gobierno de la Isla propone al gobierno de Estados Unidos jurisdicción exclusiva en materia ambiental. Para esta fecha, la Junta de Calidad Ambiental emitió una resolución recomendando que el gobernador tomara las medidas necesarias para que Puerto Rico obtuviera la autoridad exclusiva para resolver sus problemas ambientales. Con la autonomía ambiental, Puerto Rico podría establecer sus propias normas ambientales y estaría exento de las leyes y reglamentos ambientales del gobierno de Estados Unidos. Esta propuesta, que en su momento fracasó, buscaba eliminar la reglamentación ambiental que el gobierno de la Isla entendía afectaba adversamente el crecimiento económico de Puerto Rico.
La controversia entre ambiente y desarrollo se viene generando en la Isla desde hace ya muchos años. en múltiples ocasiones la protección y conservación del ambiente se ha puesto en un segundo plano a cambio del llamado desarrollo económico. Ésta es evidente en la zona costanera del País, zona, que a pesar de las estrictas leyes de planificación, es un desastre ambiental. Ejemplo de lo anterior es cómo el acceso a las playas, un bien público, está limitado por la construcción desmedida en la zona marítimo-terrestre.
Las comunidades pobres son las más afectadas por esta disputa, ya que no cuentan con los recursos económicos y legales para defenderse. Son muchas las comunidades, en ocasiones centenarias, de las cuales los desarrolladores se apoderan de su entorno y son desplazadas.
A través de los añosy a pesar de la existencia de las leyes ambientales, la protección de los recursos ha surgido del pueblo. Son comunidades como las de Salinas, Loíza, Piñones, Adjuntas y muchas otras las que día a día luchan por la protección y conservación de los recursos naturales de la llamada Isla del Encanto.
Para la sociedad puertorriqueña ha sido de sido de suma importancia el establecimiento de estas leyes. Es necesario, sin embargo, que la sociedad se mantenga activa en la lucha ambiental y no descanse solamente en leyes o reglamentos que, como se ha visto a través de los años, en múltiples ocasiones se dejan a un lado a cambio del llamado progreso y desarrollo económico. En las comunidades y en el pueblo está el hacer algo hoy para evitar tener que lamentarnos mañana.
*ARTÍCULO APARECIDO EN EL CUCUBANO, PUBLICACIÓN DE SERVICIOS LEGALES DE PUERTO RICO.
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