El Partido del Pueblo Trabajador (PPT) denuncia el plan de privatización de la carretera PR-22, también conocida como la Autopista de Diego, en la que las alianzas público privadas podrían darse un tumbe de billones de dólares. Los bancos Goldman Sachs y Morgan Stanley se disputan la subasta para financiar y operar la transitada vía por 50 años a medida que se aproxima el fin del proceso de 10 meses para dejar en manos privadas el manejo de la autopista, según ha trascendido en los medios.
“La PR-22 generó ingresos ascendentes a 85.1 millones de dólares en el 2009. Si proyectamos esta tendencia de ingresos a 50 años, nos percatamos que el potencial de recaudos asciende a 4.2 billones de dólares. Sin embargo, el gobierno está dispuesto a efectuar la transacción por un billón de dólares, por lo que el pueblo de Puerto Rico podría sufrir una merma en sus recaudos para fortalecer la infrastructura de otras carreteras lo cual pudiera abrir el camino a otras APP”, indicó Alvin R. Couto de Jesús, portavoz del PPT.
“Tenemos que hacernos varias preguntas. Cuánto será el costo de mantenimiento de aquí a 50 años. Quién asumiría las pérdidas. Cuál es la intención de privatizar una autopista y enajenar un bien público. Sabemos que la privatizadora nunca asume la pérdida y que el gobierno tiene que garantizar sus ganancias. Para garantizar las ganancias las mismas podrían cargarse al erario público o se aumentaría el costo de los peajes. Este aumento afectaría a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que día a día transitan la autopista para llegar a sus centros de trabajo. Para muchos será oneroso como ocurre con el puente Teodoro Moscoso”, explicó Pedro Muñiz, portavoz del PPT
“El pueblo trabajador debe oponerse y resistir a que se concrete el tumbe. La frágil economía de nuestro país no puede darse el lujo de perder billones de dólares que podrían invertirse en el fortalecimiento de la infraestructura. Inclusive ya en Estados Unidos se han opuesto a proyectos como éste. La resistencia política frustró una propuesta para privatizar una autopista en Pennsylvania en el 2008. En Pittsburgh hubo oposición a privatizar garages y parquímetros”, indicó Muñiz.
“El PPT hace un llamado al pueblo a oponerse al tumbe y exige que se efectúen vistas públicas relacionadas a la propuesta transacción. Nos preocupa que la entrada del cash flow proveyente de la privatización del aeropuerto y de la PR-22 a un año y medio de las elecciones se utilice para garantizar la victoria del partido incumbente en las elecciones. Si ese dinero se gasta con fines políticos a corto plazó ocurrirá lo mismo que con los fondos ARRA, absolutamente nada. El PNP capitalizaría sobre estas privatizaciones”, concluyó Couto.
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